Enrique Meneses

Hubo un tiempo en que en España, el pueblo ansiaba llevar zapatos de cuero y tener un techo de tejas bajo el que cobijarse. Eramos un país habitado por una gran masa de pobres en alpargatas y domiciliados en precario. A muchos llamará la atención saber que nuestros soldados calzaban la modesta lona y suela de esparto sujeta con cintas, cualquiera que fuese la climatología. Ese hambre de zapatos de cuero y cobijo de fábrica ha llegado hasta nuestros días y no es de extrañar que los extranjeros alaben lo bien vestidos que van nuestros niños por modesta que sea su clase. Pero donde más llama la atención, el salto dado por nuestro país, es en el número de propietarios de sus pisos. Ningún país del mundo tiene más propietarios de sus casas y menos oferta de pisos de alquiler. Pasamos del desprecio por el estudio, en cierta clase obrera, a hacer colas con el fin de tener plaza en la escuela para los hijos. La mentalidad del español de clase media-baja, enemiga de endeudarse con el dinero de plástico, cambió en pocos años y nos convirtió en un país de cajeros automáticos y de compras a plazos. ¿Esto significa riqueza? ¿Progreso? ¡Depende!

Al mismo tiempo que los diversos gobiernos daban tantas facilidades para entramparse, nos iban creciendo raíces en el lugar donde se encontraba nuestra casa, la que compra a plazos, con hipoteca, cualquier españolito. La movilidad de los españoles se vio amenazada por esos lazos que lo sujetaban a un lugar concreto. De aquellos emigrantes a América o a las regiones ricas de España que aceptaban cualquier trabajo y se cobijaban en lo primero que encontraban, se ha pasado al español-monolito que preferirá vivir un tiempo de la subvención del paro antes que irse a trabajar al otro lado del país donde puede faltar sus conocimientos o sus manos. Ni quiere alquilar su piso durante el tiempo que pase en otra ciudad española, ni encontrará a precio razonable un alquiler en su nueva ciudad. Cuando los emigrantes españoles a Alemania o Gran Bretaña llegaban a esos países, enseguida encontraban un lugar donde alojarse en régimen de alquiler. No le compensaban los plazos de compra de una casa y ello les permitía moverse allá donde hubiese demanda de trabajadores. Además, muchos regresaron a España cuando las retribuciones en la Unión Europea restaron interés a los sueldos extranjeros. En los años 60, una pareja podía ahorrar en Alemania para comprarse un piso en Huelva. Hoy le saldrá más barato comprarlo en Dusseldorf. Así hemos llegado a tener bolsas de escasez de trabajadores especializados y otras donde hay paro. Muchos inmigrantes sudamericanos o marroquíes están aprovechando esa circunstancia y, en algunos casos, caen en la tentación de comprar piso en vez de hacer frente a elevados alquileres. No importa. España necesita población y la fértil inmigración que nos llega resolverá el problema además de llenar puestos de trabajo que ningún español quiere ya.

Pero la riqueza del país se ha ido construyendo sobre el ladrillo. Más que ser un país industrializado, somos un país mayoritariamente dedicado a la construcción. Los bajos intereses que prevalecen en la zona euro facilita, además de la fiscalidad y otros incentivos, la adquisición del alojamiento en propiedad. Con ello ha prosperado también la especulación del suelo, la financiación de los partidos políticos por las inmobiliarias y el enriquecimiento de una serie de empresarios que solo han destacado por su facilidad a la hora de corromper y unos políticos capaces de dejarse corromper. No hace falta citar nombres. Están en la boca de todo el mundo. “Mister 3%” es una figura que, en otras latitudes se atribuía a quienes, como Gulbenkian, percibían ese porcentaje del precio del petróleo. En España, es sabido de todo el mundo que si una constructora quiere llevarse un contrato municipal para obras de infraestructura, el precio será un 3%. Y lo único que hay que hacer es añadirlo a lo que uno quiere ganarse en el negocio. El que paga finalmente es la Hacienda de todos o el comprador del piso. Se abren y cierran franjas, se tunelea sin ton ni son, se agita el ayuntamiento y da la sensación de hacer mucho sin que signifique que se administran bien los dineros de los ciudadanos.

– ¡Si tiene usted pruebas, acuda al Juzgado de Guardia y denúncielo!

¡Pero qué ingenuidad! Parece como si el hombre de paja o el del maletín se hayan inventado ayer. Si en la mente de algunos alcaldes está el recalificar un terreno, la tentación es grande de que lo compre a bajo precio un pariente o un hombre de paja que lo hará para revenderlo a precio de oro en beneficio de los interesados. La información privilegiada es algo muy fácil de convertir en dinero. Las permutas de terrenos, los concursos que se acaban ganando porque la autoridad considera más solvente y tiene más confianza en el vencedor, toda la corrupción que uno pueda imaginarse está inventada aunque algunos se hayan quedado en el timo de la estampita. No voy a enumerar lugares de nuestra geografía. Baste decir que atañe a todos los partidos con mando en plaza en algunas autonomías. Ya vimos como se atajó el escándalo de las sedes olímpicas después de Salt Lake City. Habrá que adoptar medidas muy severas para que los escándalos inmobiliarios o de obras públicas se corten de raíz y dejemos de ser una república bananera. Que el juez llame a declarar a los que han sido obligados a pagar el 3% y ya se dispondrán de las pruebas que impliquen a los ediles poco honestos.

Dentro de esta picaresca –a veces criminal—hay que destacar el escándalo de las subcontratas. ¿Hay alguien en su sano juicio que puede creer que si una obra ha salido a 20 millones de euros, tras examinar el pliego de condiciones, el resultado va a ser el mismo si la realiza un tercer subcontratado por 5 millones de euros? ¿Es eso productividad, cuando una serie de empresas ganan un dinero sin más esfuerzo que tener contactos y tomar riesgos enormes (pero casi gratuitos) con la vida de trabajadores no cualificados, cada vez más extranjeros que no protestan?

Son algunas reflexiones de alguien que ha visto el vertiginoso cambio de su país y sus compatriotas y que, examinando lo que se dice con relación al Carmel de Barcelona, sabe perfectamente que lo de menos es gastar dinero en seguridad para estudiar el terreno antes de hacer pasar un metro por lugares de riesgo. Y no es solo Barcelona. En toda España se dan casos de falta de estudios geológicos, de inversión en seguridad y de comisiones en cascada que van bajando escalones hasta el último guripa que pone el sello del ”Visto Bueno”, sin importarle los que caigan en el camino. Son las famosas astillas de los juzgados multiplicadas por mil a través de toda España. . ¿Alguien extirpará este cáncer de nuestro país?