Juan Ignacio de Juana Chaos
Si en el momento en que un preso ha cumplido su condena, se le impide recobrar la libertad sacando a relucir una acusación de amenazas por escrito en el diario Gara, en mi opinión, se está buscando una excusa para impedir que ese individuo recobre su libertad a pesar de haber cumplido la pena que las leyes le impusieron. Que las leyes permiten interpretaciones, eso lo sabemos por experiencia hasta los más legos. Baste ver como, con dinero y buenos abogados, un delito importante puede ser rebajado hasta su mínima expresión. En Estados Unidos, la diferencia puede permitir escapar de la silla electrica.
Si 30 años de cárcel nos parecen pocos para ciertos crímenes odiosos, cambiemos la legislación pero no utilicemos vericuetos para impedir que una persona, que ha cumplido su condena, salga a la calle libre. Los artículos a que se refiere el nuevo juicio, son de 1 y 30 de diciembre de 2004. Fueron publicados en el diario GARA y llevaban por título “El Escudo” y “Galliza”. En el auto correspondiente, los jueces hablan de “amenazas veladas” y añaden de que “no contienen de forma exacta la descripción del mal al que se refieren”. Más adelante se dice que “las referencias a los 5 directores de prisiones “lo son en un tono más injurioso que amenazante, e incluso calumnioso”. No parecen apreciarse las amenazas de muerte que algunos medios han utilizado para dramatizar el caso.
En la sentencia se dice algo que debería preocuparnos a todos los defensores de la libertad de expresión: “Quien de modo consciente, aunque no pertenezca a la organización terrorista, contribuye a la consecución de sus objetivos, y no de modo ocasional o esporádico, sino continuo a través de diversos artículos periodísticos publicados en periódicos del entorno de la izquierda abertzale, aportando elementos favorecedores de aquella actividad, está realizando una actividad delictiva encuadrable en lo que cabría entender como un acto de colaboración con organización terrorista”. Podemos tranquilizarnos porque no cumplimos varias de las condiciones para que se nos acuse de “colaboración con organización terrorista”. Tampoco escribimos en periódicos “del entorno de la izquierda abertzale”.
Estamos acostumbrados a que algunas sentencias creen alarma social. Cuando hemos visto que un juez ha responsabilizado a la victima de una violación por la manera “provocativa” de vestir, media España ha pegado un salto. La otra media sigue viviendo en el medioevo. La lentitud de la justicia nos proporciona, con cierta frecuencia, casos como los de una persona rehabilitada, con trabajo estable, casada y con hijos, que ha de ingresar en prisión por un delito menor cometido hace 10 años. A muchos les choca que un hombre –por muy asesino que sea— cuando esté a punto de salir libre de la cárcel, se le saque a relucir otro supuesto delito que aún no ha sido juzgado, que está pendiente de una apelación y que, en su momento no tuvo la resonancia que se le ha dado posteriormente para justificar que se le impida salir de prisión.
La ley es independiente pero los hombres que la administran son sujetos a emociones de todo tipo. Como la ley se interpreta según quienes la han de aplicar, es obvio que tres jueces pueden decidir una cosa que 12 de los 16 jueces de la Sala de lo Penal echan abajo. Esto no es de extrañar visto el peso de los jueces conservadores que componen el pleno. Mariano Rajoy ha declarado a este propósito: “Me he llevado una de las mayores alegrías de mi vida”. Yo sentí profunda repugnancia cuando De Juana Chaos brindó con champaña para celebrar el asesinato del matrimonio Jiménez Becerril. Probablemente era uno de los días más felices del asesino.
España sigue dividida entre quienes quieren exterminar a ETA sin darse cuenta de que detrás de esta organización terrorista hay millares de familiares y amigos, muchos de los cuales, irán reponiendo las bajas que sufra la banda, y los que sostenemos que es necesario dejar una puerta abierta para que consideren deponer las armas y rehacer sus vidas. Hace poco hemos sabido que los británicos cometieron 15 “asesinatos selectivos” en el Ulster. Lo primero que he recordado es el GAL que practicaba la misma lucha sucia contra los etarras. ¿Por qué nadie en Gran Bretaña se ha escandalizado? Yo residía temporalmente en Londres cuando estaba prohibido dar la palabra a los miembros del IRA en los medios de comunicación. Tuvo que llegar un cambio de política para que les dejasen expresar sus opiniones por muy desagradables y odiosas que fuesen para las autoridades del Reino Unido. La lucha contra cualquier forma de terrorismo debe de llevarse a cabo con un cuidado exquisito en los métodos y en la forma. José María Aznar venció a Felipe González precisamente denunciando la guerra sucia.Los socialistas perdieron las elecciones por el GAL. Posteriormente, durante su segunda legislatura, Aznar estrechó sus alianzas internacionales con Bush y Blair que, cuando lo han considerado oportuno, han cometido asesinatos selectivos y torturado sin limitaciones de ningún tipo.
Cuando se dice que atenuar las condiciones penitenciarias a Juan Ignacio de Juana Chaos sentaría un precedente, no se está diciendo la verdad ya que cualquier preso no se encuentra a punto de salir libre cuando le acusan de un nuevo delito para impedir que salga después de haber cumplido el primero. No es fácil que otros presos etarras, o de cualquier otro tipo, reuniesen la serie de circunstancias que se han dado en el caso de De Juana Chaos.
El gobernante tiene obligación de prever las consecuencias de sus actos. Puede darse el caso de que se actúe dentro de la ley y que se pueda causar un daño superior al castigo que se quiere imponer a un delincuente. Con un atracador de banco que dispone de rehenes, se le habla, se negocia y se pacta una salida que preserve la vida de los secuestrados. Cerrarse en banda y no negociar con atracadores (terroristas) es poner en peligro la vida de gente inocente. Si recordamos que en tiempo de Aznar se acercó a la península al mismo De Juana Chaos, no se comprende muy bien la alegría de Rajoy al ver su dureza reconocida por una mayoría de jueces conservadores.



